El doloroso palmito
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3 Feb, 2021

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Juan Freile

La industria del palmito en el Ecuador se desarrolla en duras condiciones de trabajo y seguridad social. Hay comunidades enteras dedicadas al cultivo de este vegetal que se obtiene de una variedad de palma. En este primer reportaje mostramos la precariedad y el abandono en que viven, como una radiografía de los sistemas agroindustriales en los campos latinoamericanos. En un segundo artículo exploraremos las alternativas sostenibles para la producción de corazón de palma.

Antonio Zambrano tiene desde hace medio año una espina de palmito de un par de centímetros incrustada en su antebrazo izquierdo, una cuarta más abajo del tatuaje en el que declara amor eterno a su mujer. Por esa espina que se clavó en medio de un tendón durante una jornada de chapeo, Antonio no puede hacer fuerza con la mano izquierda, con la cual sostenía las hojas de palmito para tirar machete con la otra. Antonio Zambrano vivía en El Campamento, a mitad de camino entre Pachijal, Guayabillas y Mashpi, en el noroccidente tropical de la provincia de Pichincha, donde se extienden casi 500 hectáreas de cultivos de palmito entreveradas con parches de bosque húmedo, pastos para ganado y otras fincas agrícolas. 

En una de esas fincas palmitocultoras, Antonio Zambrano trabajó hasta hace poco en el mantenimiento y la cosecha de palmito, una planta nativa de las zonas tropicales de América de la que se consume el cogollo suave y carnoso. En Ecuador se lo cultiva desde hace tres décadas y, según datos del Censo Nacional Agropecuario, hacia 2000 existían poco más de 15 mil hectáreas de palmito cultivado principalmente en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas e Imbabura, con extensiones menores en otras provincias como Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos y Los Ríos. Si algo necesita el palmito para crecer bien es la alta pluviosidad, de ahí que la zona de Pachijal, Mashpi y Guayabillas sea idónea para su cultivo.

Antonio no dejó de trabajar desde aquel accidente, a pesar de que, según el Código del Trabajo vigente en Ecuador, sus empleadores tenían la obligación de prestarle asistencia médica hasta que se encuentre en condiciones de volver al trabajo o hasta que se determine su incapacidad permanente. En un día de cosecha poco después del accidente, Antonio debió salir al hospital, de donde trajo un certificado médico, mas los tallos que no cortó le fueron descontados de su jornal. Los empleadores de Antonio le habían afiliado al seguro social, como manda la ley, pero sus derechos laborales, en la realidad, fueron vulnerados con una facilidad que sobrecoge. 

Los centros de salud de San Miguel de Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, los más cercanos a la zona palmitocultura de Pichincha, y el hospital privado Saludesa de esta última ciudad reciben entre diez y veinte —a veces menos, a veces más— pacientes con espinas clavadas en manos, brazos o piernas, o con heridas de machete ocasionadas mientras trabajan en distintas fincas palmitocultoras del noroccidente de la provincia de Pichincha, según relatan enfermeras, médicos y empleados de estos establecimientos. 

Otros pocos llegan con mordeduras de serpientes o intoxicados por inhalación de agroquímicos. Aunque clavarse espinos es el percance más recurrente en los trabajadores de palmito, pocos acuden a los centros de salud o a los dispensarios del Seguro Social Campesino. No lo hacen porque retirar espinas de palmito no es fácil o porque es un percance tan cotidiano que perderían demasiados días de trabajo si fuesen al centro médico cada vez que se clavan uno. Hasta el momento de escribir este reportaje, las cifras oficiales no habían llegado, pero según Mariana Méndez, directora distrital del Ministerio de Salud Pública, en ellas no se especifica el tipo de herida, lo que permitiría discriminar quién se accidentó en palmito y quién en otras actividades agrícolas. 

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En la zona de Pachijal, Mashpi y Guayabillas, hace apenas tres décadas, predominaba la selva húmeda. De hecho, hacia 1992-1993 los pocos campesinos que vivían más allá de Pachijal, hasta donde llegaba el carretero de verano, debían caminar por una guardarraya (sendero peatonal) para llegar a sus fincas y recintos. Por Pachijal salía mucha madera, recuerda Marco Bolaños, uno de los aserradores de aquellos años que ahora trabaja en una finca de cacao orgánico y promueve una agricultura sostenible en su zona, pero que lleva dentro la huella de tanto árbol caído. 

Marco fue testigo del nacimiento de los cultivos de palmito que ahora dominan buena parte del paisaje. A mediados de la década de 1990 la hectárea de tierras estaba tasada en más o menos un millón de sucres (aproximadamente 350 dólares, al cambio en esas fechas), por lo que varios empresarios adquirieron fincas de entre 20 y 100 hectáreas, mitad bosques, mitad pastizales para ganado. Según testimonios, fue Santiago Peña Durini, empresario vinculado a la industria maderera que tenía una finca cerca de Mashpi, quien impulsó la palmitocultura local porque conocía del potencial climático de esta zona para ello. 

Los primeros palmitos se sembraron hacia 1996 en la finca La Palmira, cerca de Pachijal, a merced de unas cuantas hectáreas de bosque, y en 1998 Peña y su colega José María Ponce plantaron los primeros palmitos en Mashpi. Para los campesinos de la zona, el palmito era una mata silvestre que cosechaban eventualmente para comerlo o para dárselo a sus animales; no sabían que también se podía cultivar y vender.

Mucha gente local se volcó a trabajar en palmito porque en esos años había muy poco trabajo en la zona. Por eso, nadie se negó a la tarea de sembrar palmito para otros, cosa que resultó ser más ardua de lo que parecía. Al inicio, los hombres picaban la tierra, la mezclaban con abono, preparaban el terreno limpiando las malezas y fertilizando el suelo, mientras las mujeres, niños y algunos ancianos llenaban las fundas donde germinarían los palmitos que luego serían trasplantados al suelo. La jornada laboral en la época, explica Bolaños, era de 25 mil sucres (que equivalía a casi 10 dólares), mientras que por cada funda llena de tierra se pagaba 5 sucres —lo que implicaba tener que llenar unas cuatro o cinco mil fundas en un día para acercarse a un jornal diario. 

Rodolfo Calderón, primer administrador en los cultivos de palmito que emprendieron Ponce y Peña Durini, hacia 1998-1999, consiguió incluso autorización de Liliana Rivadeneira, única profesora de la escuela primaria de Mashpi en aquellos años, para que los estudiantes más grandes trabajasen enfundando. A las fincas de Ponce y Peña apenas las separaba el río Mashpi y ambas estaban flanqueadas por abundante bosque húmedo.

Durante los años de siembra, en las fincas de la zona llegaron a trabajar 30 a 50 personas. Sus pagos mensuales se calculaban a jornal diario o por tarea cumplida. Luego, cuando el palmito se asentó, disminuyó la cantidad de jornaleros de forma importante, ya que una sola persona podía encargarse del mantenimiento y la cosecha de al menos 5 hectáreas.

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En general, la cadena de producción y comercialización del palmito funciona así: cuando los palmitocultores entran en fase de producción, establecen convenios de entrega de sus cosechas con empresas empacadoras –por lo general son acuerdos de palabra. Son estas empresas las que determinan el cupo de entrega. Según sea el cupo, cada semana ingresan camiones transportadores a las fincas, dos o tres veces semanales, y se llevan todo a la empacadora. Es esta la que se encarga de procesar, empacar y vender.

Cuando los cultivos de palmito están en plena producción, el trabajo se organiza por lotes. A cada trabajador se le asigna un lote de 4 a 10 hectáreas para que ejecute las tareas que asignan los administradores. Trabajar un lote implica chapear (deshierbar con el machete) las filas entre palmitos, hilar, fumigar las hierbas y las plagas, y cosechar los tallos. Hilar, para la mayoría, es la tarea más dura porque se siegan hierbas y montes a machete, en zigzag, entre las matas de cada palmito, cortando las hojas secas y viejas, cuidando de no tumbar las hojas nuevas para no retrasar el crecimiento del tallo, y de no cortar los hijuelos que van creciendo junto a cada palma. Esta meticulosa tarea, que puede tomar tres días o más y se realiza dos o tres veces por año, exige varias horas con las espaldas dobladas y en frecuente fricción con las espinas de hojas y tallos del palmito.

Otra tarea agotadora para los jornaleros es la cosecha o corte, para la que es necesario saber reconocer la estatura y grosor de los tallos que están listos. Para cosechar se debe retirar las espinudas hojas que protegen al cogollo, que crece como una espada hacia arriba en el puro centro de la planta, y cortarlo más o menos a un metro medido desde la punta. La cantidad de tallos cosechada depende del cupo que da la empresa empacadora a cada finca. Por ejemplo, un cupo puede alcanzar los 10-11 mil tallos por semana. Si a la semana se hacen tres cortes, cada corte debe reportar unos 3300-3700 tallos. Eso, entre seis loteros, por dar un caso, implica 550-650 tallos por persona en cada corte, lo cual toma 4-5 horas de trabajo continuo. El pago bordea los 5 centavos por tallo cosechado.

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Para los dueños de las fincas en Pachijal, Guayabillas y Mashpi, la inversión se justificaba. A diferencia de muchos cultivos que demandan varios años para empezar a producir, el palmito ofrece sus primeras cosechas a los dos años. En un principio el palmito en la zona atravesó por una transición que, a ojos de Rodolfo Calderón, fue buena para el negocio: el trabajo inició en sucres y las ganancias llegaron en dólares. Las primeras ventas de Ponce a Inaexpo, la empresa empacadora que es hasta hoy la principal productora, exportadora y comercializadora de palmito cultivado en el mundo –parte del grupo empresarial Pronaca– sucedieron poco antes de la dolarización de la economía ecuatoriana. Recibió 12 centavos de dólar por tallo, cuando el dólar superaba ya los 15 mil sucres. Era un excelente precio, que prometía crecer, pero con la dolarización las cosas se apretaron. Con todo, las nacientes fincas de palmito de la zona lograron sostenerse de milagro, y el mercado internacional se recuperó un poco en los años siguientes.

 

Entre 2006 y 2008, las empacadoras pagaron un máximo de hasta 40 centavos por tallo. Luego el precio empezó a bajar, pero se mantuvo sobre los 30 centavos por un tiempo más. Pese al descenso del precio por tallo, entre los años 2007 y 2014 la exportación ecuatoriana de palmito creció hasta convertirse en uno de los productos agrícolas no tradicionales más representativos del país, de acuerdo a cifras de exportaciones, importaciones y balanza comercial agropecuaria y agroindustrial del Banco Central del Ecuador. 

El palmito ecuatoriano se vendía bien en Francia, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Chile y otros destinos. La entrada al Ecuador de Incopalmito, una empresa palmitocultora costarricense ligada a una transnacional enorme en el sector agrícola, y el surgimiento en Ecuador de varias pequeñas empresas empacadoras y productoras, fue buena para generar una competencia más equilibrada con Inaexpo, para fortalecer a la industria del palmito y para mejorar las condiciones de compra del palmito a los productores. Ecuador llegó a ser el primer exportador de este producto, con cálculos de entre 45 y 60% de la producción mundial (Brasil producía volúmenes más grandes pero más para el consumo interno). 

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Las débiles exigencias salariales y laborales de los trabajadores agrícolas de aquel tiempo ayudaban a fortalecer el negocio porque los gastos en salarios eran proporcionalmente bajos respecto a los ingresos por venta de palmito a las empresas empacadoras. En sus primeros años trabajando en palmito, por ejemplo, Edwin Angulo, todavía menor de edad, ganaba unos 25 dólares por quincena. Luris Napa, mamá de cinco, completaba los 60 quincenales, allá por 2006. Ambos trabajaban en el palmito de Ponce, quien siempre confió el manejo de sus tres fincas (una en cada recinto) a distintos administradores.

Según datos oficiales, entre 2000 y 2005 el salario básico mensual promediaba los 109 dólares (desde 57 dólares mensuales en 2000 hasta 150 en 2005), pero muy pocos en la zona percibían tal cantidad por mes. De hecho, hacia el año 2000 en la zona imperaba el pago por día trabajado, que bordeaba los 12-15 dólares diarios. De eso se pasó a un sueldo básico que calculado a diario —a 20 días de trabajo mensual para quienes trabajan el mes completo— equivalía casi a lo mismo, salvo que se descontaban los aportes al seguro social.

En la actualidad, lo que predomina son los pagos por tarea o por avance en los que, a decir de los empresarios palmitocultores, son los jornaleros quienes establecen las tarifas —aunque los jornaleros dicen lo contrario. Los valores se fijan por hectárea trabajada, sin importar cuántos días tome ejecutarla, y alcanzan entre 70 y 110 dólares por tarea. Las reformas al Código de Trabajo en 2012 y 2014 implicaron ajustes salariales y laborales importantes para los trabajadores del palmito, y tuvieron un impacto económico considerable para los productores porque debían invertir más en salarios. De mensuales que apenas superaban los 200 dólares o pagos por día trabajado debieron pasar a un salario básico mensual superior a 300 dólares; además, se reforzó la obligatoriedad de dar seguridad social a sus trabajadores, pagar los décimos sueldos y más. Según un estudio elaborado en 2011 por la consultora Kaymanta para la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, en nueve de 13 fincas palmitocultoras de la zona se daba seguridad social a los trabajadores. Los campesinos entrevistados por la consultora estimaban que apenas 10% de los trabajadores estaban asegurados.

Después de una década, la mayoría de campesinos de la zona se cansó de las espinas del palmito, de las agotadoras jornadas a sol o aguacero, de las malas pagas y de los maltratos de algunos administradores, por lo que empezaron a buscar otras plazas de trabajo. Para campesinos que no tienen tierras propias para cultivar, como casi todos en Mashpi y muchos en Pachijal y Guayabillas, trabajar para otros parece ser su única alternativa de sustento.

Su lugar fue ocupado por otros campesinos sin tierra, que migraron principalmente de la provincia costera de Manabí, decenas de kilómetros al suroeste. Otros llegaron desde las también costeras provincias de Los Ríos y Esmeraldas. En estas provincias, la falta de trabajo es crítica y los pagos en el agro apenas alcanzan los 10-12 dólares diarios, según testimonios de varios campesinos en Pachijal, Guayabillas y Mashpi.

Ellos forman parte de una estadística imprecisa de campesinos que han migrado de manera sostenida en las últimas décadas hacia áreas de mayor desarrollo agroindustrial, atraídos por cultivos como la palma aceitera, banano, piña, papaya, cacao y palmito. Muchos de ellos han llegado al noroccidente de Pichincha y a Santo Domingo de los Tsáchilas. Son numerosas familias que se mueven por estas áreas y que, según testimonios de varios campesinos, suelen establecerse poco tiempo en un solo lugar.

No es fácil determinar la cantidad de familias que forman parte de esta población errante porque los datos de migración interna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de 2010, se refieren al número de personas que han mudado de provincia o de cantón, pero no indican la provincia o cantón de su destino. De esta información se puede colegir, sin embargo, que Los Ríos, Esmeraldas y Manabí tienen tasas de migración interna negativas; es decir, más personas han salido de estas provincias que aquellas que han ingresado —algunos cantones del norte de Manabí muestran valores de emigración altos. Por su parte, los cantones tropicales de la provincia de Pichincha (Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos) y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tienen tasas de migración positivas.

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Gustavo Zambrano, Mariano Ramírez, Gina Díaz, Enrique Yánez, Ángel Napa, Héctor Vélez y varios más empezaron a trabajar en palmito en las vecindades de las poblaciones de Quinindé, La Unión o Pedro Vicente Maldonado hace 10 o 15 años, en promedio. Cuentan que hasta allí llegaron anuncios de radio que ofrecían salarios básicos completos o sueldos de hasta 500 dólares, seguridad social, estabilidad laboral y vivienda en la zona de Mashpi, a donde se mudaron. A otros les llegó la noticia por amigos y familiares.

Sin embargo, las buenas condiciones duraron poco. Ramírez se quedó sin seguridad social al año de trabajo. Zambrano no recibió su sueldo durante cuatro meses. Yánez ganaba poco por un trabajo que le costaba demasiado. Las ofertas radiales de buenos salarios solían venir de Pancho Bravo, administrador en ese entonces de la finca de Ponce en Mashpi —y que se mantuvo como administrador de esa finca cuando Ponce la vendió en 2011 a un nuevo empresario, Alfredo Baccichetto. A Bravo se le atribuía la repetida práctica de cambiar las condiciones de trabajo una vez que los jornaleros se establecían en las fincas. Bravo ya no trabaja en palmitocultura en la zona y, de hecho, los campesinos entrevistados no saben bien dónde está. Varios intentos de contacto con él fallaron. Por alguna razón imprecisa, incluso quienes mejor lo conocían, dijeron no saber cómo contactarlo ahora.

Cuentan quienes trabajaron con Bravo que con él los acuerdos de trabajo eran por tarea, como es común en toda la zona. La diferencia radicaba en que Bravo imponía tareas arduas que muy pocos trabajadores podían cumplir. A tarea incumplida o completada a medias, no había paga. La alternativa que encontraban los campesinos recién llegados, muchos sin experiencia previa en palmito, era poner a trabajar a su familia para completar la tarea y asegurarse el jornal.

De los Yánez trabajaban papá, los dos hijos mayores y en ocasiones el abuelo en el palmito que administraba Bravo. Entre todos completaban la tarea de uno y ganaban un solo sueldo. Abigail Ramírez, su hijo Mariano y uno de sus nietos trabajaban igual. También los seis compañeros que llegaron con Abigail y que, hostigados, se fueron a los pocos meses. Para José Luis Zurita, seis años en palmito, lo difícil de trabajar por tarea es que la labor es siempre dura. A quien no cumplía con lo asignado, Pancho le restaba tareas al mes siguiente o a la semana siguiente y, por tanto, le pagaba menos. Además, conminaba a sus trabajadores a que fíen víveres, enseres de aseo y hasta el trago en la tienda que manejaba dentro de la plantación, llevando un registro no siempre confiable de las cuentas; los gastos, obviamente, les eran descontados al momento de cobrar, por lo que cada vez recibían menos.

Gustavo Zambrano y su familia vivieron hasta hace poco en una casa a punto de caerse en medio de la plantación que Bravo administraba. Allí vivieron también los Yánez durante casi tres años. Eran ocho en la familia, a veces diez, acomodados en esa misma casa pequeña sin servicio higiénico, usando para sus necesidades el agua proveniente de un estero que nace dentro de la propia plantación, de acuerdo a la gente de Mashpi que los conoció. En estudios desarrollados por la Universidad de las Américas, en los cuales se empleó la diversidad de invertebrados acuáticos como indicadora de la calidad ecológica del agua en la zona de Mashpi por efecto de actividades agrícolas, se determinó que el agua de ríos inmediatos a plantaciones de palmito no se puede consumir por mostrar indicios de contaminación con agroquímicos. 

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Por no perder el trabajo es mejor no agitarlo, le advierte Mariano Ramírez a su papá cuando este insiste en que está mal laborar así. Ambos dejaron de trabajar para Bravo en Mashpi a fines de 2019, cuando Bravo también salió de la finca porque don Alfredo la vendió, y hasta hoy esperan de su exempleador la liquidación por dos años y medio servidos. Se mudaron a otro palmito en Pachijal, donde trabajan los dos, un hijo de Mariano y un sobrino a cambio de un solo jornal. A veces completan 300 dólares mensuales entre los cuatro. Viven con la esposa de Abigail y su nieta Jéssica en una casa pequeña de bloques, dos cuartos, piso de tierra, en medio de la plantación. Jéssica, de 16 años, es la burrera —es decir, la que recoge el palmito cortado y lo acarrea en un mular hasta el sitio de acopio— y gana un adicional por ello.

Por ese miedo a perder el trabajo estas familias campesinas en constante movilidad se han acostumbrado a condiciones laborales y de vivienda muy duras, y en muchos casos prefieren ganar un poco más a tener, por ejemplo, seguridad social. 

Por esa misma razón, hasta ahora no se conoce ningún caso de denuncia ante la Defensoría del Pueblo, según informaron fuentes de esta institución en Quito y en Santo Domingo. La mayoría de trabajadores entrevistados tenían, además, poco conocimiento de sus derechos laborales o han preferido evitarse los gastos económicos y el tiempo que implica trasladarse a Quito para tramitar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

De cualquier manera, aunque se sujeten al trabajo la mayoría al final se va, como los Yánez, que prefirieron mudarse a denunciar los maltratos de Bravo. O como Antonio Zambrano, con su brazo espinado, quien al momento de escribir esta historia había abandonado ya El Campamento tras regatear una liquidación con su empleador, y sin recibir indemnización alguna por el accidente laboral que sufrió, cuentan ahora sus excompañeros de trabajo. La peregrinación de estas familias sin tierras continúa, y con ella continúa su obligación de acoplarse a lo que venga. Pocos, como Luis Ormaza y sus seis compañeros en la actual finca de Ponce en Guayabillas, cuentan con un trabajo estable y asegurado.

Liliana Reyna, profesora de la escuela Río Mashpi, ve algo más en esa constante migración: los chicos del palmito no se sienten de ninguna comunidad. Se desapegan, se acostumbran a la inestabilidad. A muchos les cuesta adaptarse a la escuela, les cuesta rendir. Y varios dejan los estudios en la adolescencia por rebeldía, por cansancio, porque los interrumpen tras cada mudanza, porque se ven obligados a trabajar en el palmito o porque se ven obligadas a cuidar de sus hermanos menores o a ser mamás. Gabriel, nieto de Abigail, dejó los estudios para trabajar. José Luis Zurita también. Paola Montalván y Mayuri Vélez los dejaron para parir a sus primeros hijos antes de los 15. Enrique Yánez terminó la escuela a los 16 y no pudo continuar estudiando.

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Para la mayoría de productores de palmito, este cultivo ha dejado de ser rentable por la caída de los precios de exportación, la competencia con otros países productores (Bolivia o Perú), los altos costos que implica una economía dolarizada, la falta de incentivos oficiales y procedimientos normalizados para la producción de palmito, y el hecho de que el palmito no haya pegado en el mercado nacional. Con altos gastos en salarios e insumos (mínimo un 60%, según calculan algunos productores), los costos de producción no dan porque el precio actual por tallo promedia los 22 centavos. De hecho, algunos palmitocultores consultados aseveran que el negocio apenas se sostiene y que el hectareaje de palmito en el país ha disminuido hasta en un 50%. 

De acuerdo a un diagnóstico comercial desarrollado por el Ministerio de Agricultura a partir de información del Banco Central, desde 2015 los volúmenes exportados han caído de forma leve aunque sostenida (de 30 mil 700 toneladas métricas en 2015 a 27 mil 800 en 2019) y de modo más considerable ha declinado el valor de exportación. Los datos de las Encuestas de Superficie y Producción Agrícola y Pecuaria Continua del INEC parecen corroborar también la aparente disminución en extensión de la palmitocultura en el país, pese a que solo reportan cifras de cultivo de palmito desde 2015. A ese año se reporta la existencia de 11 mil hectáreas de palmito cultivado, mientras que en 2018 la cifra bajó a 6.300 y en 2019 a 5.200 hectáreas. Incluso asumiendo un margen de error en la recolección de datos de la citada encuesta, la disminución parece ser consistente. 

Dada la situación económica precaria, en muchas fincas han optado por ahorrar en insumos. En las fincas donde trabajan los Ramírez o los Vélez no han fumigado en varios meses. No fumigar implica más trabajo manual porque el control de las hierbas se hace a machete. Ricardo Salvador, gerente financiero de Ecuaconservas, una empacadora pequeña donde trabajan 80 personas, asegura que el palmito no es mal negocio, que el problema es que los productores suelen hacer un manejo inadecuado, técnicamente hablando, en cuanto a fertilización y control de hierbas y plagas, lo que disminuye la productividad de los cultivos. Un palmito motoso, corrobora Ángel Napa, 15 años en palmito, no produce porque los hijos del palmito no desarrollan. Además, en un palmito mal trabajado, según los estándares de Salvador, los jornaleros gastan más tiempo buscando tallos que cosechando.

Por otro lado, los agroquímicos, aunque ahorran trabajo, tienen impactos ambientales y en la salud de los trabajadores. Según el estudio de Kaymanta citado previamente, hasta 2012 se usaba principalmente urea o abono de gallina para fertilizar, glifosato para controlar las hierbas y palmarol, basudín y cipermetrina contra las plagas. Por fumigar un trabajador gana normalmente 17-20 dólares por tanque (un tanque alcanza más o menos para una hectárea), lo que toma entre cuatro y cinco horas. 

Salvo excepciones, la fumigación se ha hecho siempre sin utilizar mascarillas ni vestimenta adecuada, contrariando lo que indican varios cuerpos legales ambientales, laborales y de salud, e incluso las instrucciones de uso de los productos mencionados. Los plaguicidas utilizados están calificados como moderadamente tóxicos para la gente –y el palmarol como muy tóxico para la vida acuática, por lo que actualmente casi no se utiliza. Mientras, el glifosato, ampliamente utilizado en este y otro tipo de cultivos, se ha identificado como carcinógeno de comprobada toxicidad. 

El problema no es solo el uso de insumos agroquímicos. Sucede que en la mayoría de plantaciones de palmito en la zona, las filas de palmito llegan hasta el borde mismo de quebradas, esteros e incluso ríos mayores, cuando el Texto Unificado de Legislación Ambiental, reglamento vigente desde 2003, prohíbe la aplicación de agroquímicos en franjas de 50 m de un cuerpo de agua. Adicionalmente, Mashpi, Pachijal y Guayabillas forman parte de dos áreas de conservación y uso sustentable declaradas entre 2011 y 2013 por el Municipio de Quito. En consecuencia, existe una ordenanza municipal que establece franjas de protección de cuerpos de agua de 15 a 50 m, en las cuales no debe removerse la vegetación natural.

El establecimiento de estas áreas de conservación contó con la anuencia de un número importante de pobladores de la zona. No obstante, los palmitocultores encuentran en ello una gran contradicción. Lo suyo es la producción agrícola y, como expresaron varios productores, no es posible producir palmito de forma orgánica, a menos que se pueda contratar cinco veces más trabajadores de los que tienen, debido a que la carga de trabajo solamente manual es alta. Según sus cálculos, a machete un trabajador logra manejar apenas unas 5 hectáreas, mientras que fumigando pueden trabajar entre 8 y 10 hectáreas. 

Aun así, cuando se diseñaban los planes de manejo ambiental para estas áreas de conservación, el sector palmitocultor se mostró abierto al diálogo, según Daniela Balarezo, responsable de la unidad de áreas protegidas y biodiversidad de la Secretaría de Ambiente hasta febrero de 2015. Pese a que los planes de manejo citados incluían recomendaciones ambientales para las áreas, incluidos los cultivos de palmito, los funcionarios actuales de dicha secretaría, que es la entidad encargada del manejo de las áreas municipales de conservación, no conocen de la existencia del estudio de Kaymanta, como informaron Orfa Rodríguez y Gustavo Mosquera. Ambos admitieron, además, que la secretaría no ha trabajado de modo alguno con los palmitocultores.

Ponce recuerda que se le cayó la producción cuando trató de hacer palmito orgánico para abrirse hacia un mejor mercado, y que tampoco encontró quien pague más por ello. Existen experiencias que parecen contradecir estas aseveraciones. En casi 400 hectáreas de palmito, los trabajadores de Santiago Pérez, en una zona cercana conocida como San Pancracio, aplican únicamente insumos de origen orgánico y hacen chapeo manual cada tres meses. 

A criterio de Milton Zambrano, administrador de la finca, los mejores precios que obtienen de Inaexpo —la cual exporta su palmito orgánico certificado a Francia, Canadá y Estados Unidos— es lo que permite una producción a contracorriente de lo que cree el sector palmitocultor. Por tallo cortado, están recibiendo 37 centavos. Si bien reconoce que el manejo orgánico puede disminuir el rendimiento de la finca, enfatiza que las prácticas orgánicas rigurosas –para las que invirtieron inicialmente casi 8 años de trabajo constante– les permite sostener un mercado específico dispuesto a pagar mejor por su producto.

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El negocio internacional del palmito empezó a caer desde hace una década. Las empacadoras argumentan que no pueden operar a pérdida, porque sin ellas no hay quien compre el palmito. Los productores aseveran que ellos tampoco pueden perder, porque sin ellos no hay quien provea palmito ni quien dé trabajo a los campesinos. Los jornaleros del palmito, sin quienes no habría palmito para proveer, empacar o exportar, se sujetan a sus trabajos aun cuando en muchos casos se vulneren sus derechos laborales. Las fincas donde los trabajadores reciben pagos justos o donde se buscan soluciones innovadoras parecen ser las excepciones. En una de ellas, ubicada en Pachijal —cuyos propietarios pidieron reservar su identidad— más de la mitad de sus 50 hectáreas iniciales de palmito se ha remontado. En las restantes 300 hectáreas de bosque que lo rodean se está haciendo turismo de naturaleza y educación.

Por contraste, la modalidad de trabajo por tarea que se practica en la mayoría de fincas representa mayores ingresos económicos para los trabajadores, por eso muchos la prefieren. No obstante, este modo de trabajo suele encarecer la producción para los palmitocultores y perpetúa la informalidad e inestabilidad laboral. Más allá de las particularidades de la palmitocultura en la zona de Mashpi, Guayabillas y Pachijal, están las historias humanas detrás de un agronegocio que no logró despuntar, una pérdida que, en términos generales, se ha corrido a costa de los derechos laborales de los trabajadores de las fincas. 

Esta no es cosa del pasado ni exclusividad del sector palmitocultor. Que exista una cantidad indeterminada de familias trashumantes en las zonas agroindustriales del país —que comprende, incluso, mujeres y niños sin cédula de identidad— muestra la necesidad de repensar, una vez más, las bases del modelo agroexportador vigente que incluye precariedad laboral y degradación del ambiente.

En un segundo artículo investigaremos las opciones agroecológicas para la producción de un palmito ecológicamente sustentable y socialmente justo.

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